PSOE llevará al Congreso y al Senado iniciativas para presionar al Gobierno y que rescinda los contratos a las empresas de vigilancia si incumplen la Ley

24
jul

Alconchel y Menacho han mantenido un encuentro con representantes sindicales del colectivo de vigilantes de edificios del Ministerio de Defensa para abordar su conflicto laboral tras la subrogación a una empresa que plantea recortes en nómina del 40 por ciento

La portavoz adjunta de Defensa en el Congreso, Miriam Alconchel, y el portavoz adjunto en el Senado, Francisco Menacho, han acordado tras una reunión con representantes sindicales de los vigilantes de seguridad de los edificios del Ministerio de Defensa en la provincia que elevarán iniciativas a las Cortes Generales para presionar al Gobierno y plantear la rescisión de los contratos a las empresas de seguridad que incumplan la Ley.
Menacho considera “una barbaridad y una vergüenza que el Gobierno permita contrataciones en edificios públicos a unas empresas que incumplen todo tipo de convenio y legislación, vulnerando sus derechos y repercutiendo en la calidad del servicio que prestan”. Con una alerta de seguridad nivel cuatro y manejando armas, la función que desarrollan merece, a juicio de los representantes socialistas, que “se tengan en cuenta sus reivindicaciones pues no se les puede mandar a la indigencia laboral como pretende la nueva empresa subrogada con el recorte de un 40 por ciento de una nómina ya mileurista”.
El senador socialista lamenta que “el Gobierno día a día esté poniendo la lupa en las administraciones locales en las contrataciones que hace, y ahora haga la vista gorda con estas empresas que están incumpliendo la legislación y cuyo caso está en manos de los tribunales”.
Así, ha anunciado que el jueves registrará una pregunta en el Senado a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, puesto que es un tema que afecta no solo al Ministerio de Defensa sino también a otros ministerios como el de Empleo, según vienen denunciando los sindicatos. Menacho le pedirá a la vicepresidenta una valoración de las sentencias que existen declarando contrario a Ley el convenio que pretenden aplicar y si piensan hacer algo. Del mismo modo, le preguntará si tiene constancia de que estas empresas tengan relación con personas que han formado parte del Gobierno de Rajoy y si esos contratos guardan algún tipo de vinculación con esta circunstancia.
Como se recordará, compañías de vigilancia “low cost” están logrando los concursos públicos en distintos organismos a través de un entramado empresarial en el que figura el presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, apodado El rey de la Seguridad. Ramírez, amigo del ex ministro José Manual Soria y quien ya fue indultado por el Gobierno, está siendo investigado nuevamente en un juzgado de Las Palmas por fraude fiscal de nueve millones a Hacienda y de 11 millones a la Seguridad Social desde la empresa Seguridad Integral Canaria, concesionaria de los servicios de vigilancia en centros de Defensa como los de Cádiz y de dependencias de Empleo, entre otros, las sedes de la Tesorería de la Seguridad Social.
Precisamente, Alconchel ha insistido en que “vamos a exigir informes donde nos expliquen si son conocedores de que hay ya pronunciamientos judiciales sobre este convenio de empresa contrario a derecho; si son conocedores de que no pagan a Hacienda y Seguridad Social incumpliendo con la administración pública y vamos a pedir informes sobre la viabilidad de la empresa; examinar el expediente de contratación para ver cómo se ha llevado a cabo, vamos a pedir ese estudio del expediente en la Mesa de Contratación y vamos a pedir la comparecencia del Gobierno para que nos expliquen por qué permiten todo esto”.
La diputada ha asegurado que “hay gato encerrado en estas empresas que licitan con un precio muy por debajo de lo razonable, sin garantizar una buena prestación y el respeto a los trabajadores y que al final no están cumpliendo los fines para los que se le adjudicó el servicio”.
“Estamos pidiendo se cumpla con la legalidad y que el Gobierno haga cumplir la Ley o rescinda contratos”, ha señalado, poniendo de ejemplo el Gobierno en Castilla La Mancha que ha puesto fin a contratos con empresas de seguridad en base a esos pronunciamientos judiciales que ya existen.
“Buscamos un retrato del PP, que se vea claramente lo que están haciendo y tengan que dar marcha atrás respetando los derechos de los trabajadores y siendo consciente de que con un nivel de alerta 4, no puede permitir ningún tipo de inseguridad en las instalaciones públicas”, ha advertido subrayando que “todo es consecuencia de la reforma laboral y de medidas legislativas que permiten el descuelgue de las empresas, que negocian muy a la baja vulnerando derechos”. “Desde el PSOE tenemos la mano tendida para que las reivindicaciones de estos trabajadores tengan una respuesta, desde el Congreso y Senado ya venimos trabajando y seguiremos hasta que las empresas cumpla con sus obligaciones y en caso omiso, la Administración tendrá que ser valiente y rescindir contratos”, ha apuntado para abundar en que “no vamos a permitir la precariedad ni que se les maltrate”. Alconchel ha agradecido al colectivo “la amplia representación sindical que nos ha acompañado hoy para tener toda la información y conocer el tema con profundidad para que nuestras iniciativas tengan todos los fundamentos, el apoyo de los grupos y logremos una respuesta por parte del Gobierno”.
En representación de los trabajadores de la provincia y en especial de la recién creada Asociación Nacional de Vigilante de Defensa, Antonio Gómez Osorio, puso rostro al drama que vive medio centenar de familias, insistiendo en que “bajo el lema de la oferta económica más ventajosa, se están pisoteando nuestros derechos laborales”. “No podemos entender que la administración pública no esté mirando por el trabajador de un colectivo muy especial, estamos en un sector militar, trabajando con unas condiciones específicas por tratarse de seguridad, sometidos a alertas nacionales, prestando un servicio muy claro al orden público compatible con las fuerzas de seguridad del Estado, legislados por el ministerio del Interior en lo que respecta a la reglamentación de armas”, ha expuesto para lamentar que “la administración pública se desentienda de los derechos que les corresponden”. “La situación de conflicto laboral nos está obligando a compaginar trabajo con el sindicato, a estar en permanente contacto con los gabinetes jurídicos, acudiendo a reclamar cuantías y todo esto afecta al orden familiar, social, la indefensión por parte de la administración pública nos está afectando mucho”, ha señalado agradeciendo a los representantes del PSOE que “desde hace mucho tiempo nos están ayudando haciendo suyo este asunto”.