PSOE exigirá un compromiso especial del Gobierno en los PGE en materia de empleo e infraestructuras

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ene

Maese advierte a Sanz de que la próxima vez que venga Báñez a la provincia tendrá que traer los detalles de los más de 300 millones en empleo que prometió en 2016

La parlamentaria andaluza y secretaria de Organización del PSOE de Cádiz, Araceli Maese, ha advertido al PP de Cádiz de que “comienza un año de grandes retos y reformas donde será el Gobierno de Rajoy el que tenga que dar respuestas certeras a demandas de esta provincia”. “Vamos a exigir en los PGE un compromiso claro del Gobierno con esta provincia a la que ha dado la espalda en su principal problema como es el paro negándonos un plan especial de empleo y vamos a reclamar que vuelva la inversión pública en infraestructuras ahora que apacigua la crisis”, ha señalado, al tiempo que ha recordado que “el presidente tiene un gran desafío como es resolver el nuevo modelo de financiación autonómica para garantizar la adecuada prestación de los servicios públicos”.

Tras la celebración de la primera Ejecutiva provincial donde los socialistas gaditanos han trazado la agenda política para los próximos meses, la dirigente socialista abunda en que “es el gobierno del PP el que ha de tener aciertos en cuestiones claves para el futuro de esta provincia como las negociaciones con Reino Unido sobre el Brexit, dotar de garantías de futuro a nuestros astilleros, acabar con el peaje en la autopista, acelerar al máximo las obras en la Algeciras-Bobadilla y relanzar la Zona Franca que, por desgracia, solo es noticia por el ERE de su plantilla”.

Maese se ha referido a la reciente visita del líder del PP andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla y de la ministra Fátima Báñez a la provincia, lamentando que “no se comprometiera a nada y ni siquiera pudiera hacer balance de una gestión tan necesaria para la provincia porque desafortunadamente no existe”. “Dónde están los más de 300 millones que Báñez prometió a través de la ITI para la provincia, que ha sucedido con el protocolo que firmó en octubre de 2016, para qué ha servido, qué cuentas rinde la oficina paralela creada en Subdelegación”, se pregunta la parlamentaria andaluza que ha echado de menos en su visita “que la ministra pudiese dar cuenta de lo que recibe esta provincia en materia de empleo por parte del Gobierno central”.

“Que en esas circunstancias, la ministra y Antonio Sanz se adjudiquen la bajada del paro en nuestra provincia da cuenta de la quimera en que vive instalada el PP, por eso vamos a exigir en el Congreso que detallen todas esas inversiones que un día prometió la ministra y que no hemos visto por estos lares”, ha anunciado, advirtiendo a Antonio Sanz de “que la próxima vez que venga Báñez a la provincia tendrá que dar detalles sobre esa lluvia de millones en empleo proveniente de fondos europeos que no han llegado a la provincia”

“El PSOE tiene una hoja de ruta clara que es la cohesión social, en un combate sin cuartel contra la desigualdad porque somos, según la OCDE, el quinto país con peor distribución de renta disponible”, ha apuntado. En este sentido, ha destacado que en Andalucía “hayamos comenzado el año poniendo en marcha en Andalucía la Renta Mínima de Inserción” y que en clave estatal, el PSOE haya tomado ya la iniciativa presentando una propuesta sobre el Sistema Público de Pensiones, “como elemento básico para la cohesión y estabilidad social”, apostando por “recuperar el diálogo social y el pacto de Toledo” y conseguir que el Sistema Público de Pensiones “no solo sea sostenible financieramente”, sino también “sostenible socialmente”.

En último término, la dirigente socialista ha defendido “la vocación municipalista del PSOE”, recordando que mañana mismo celebra la Diputación el Consejo de Alcaldías, “un órgano creado para dar voz al poder local, para compartir experiencias de gestión y cohesionar también las políticas municipales”. En este punto, ha insistido en que el PSOE seguirá reivindicando ante el Gobierno central y el Ministerio de Hacienda la flexibilidad de la regla de gasto para que los ayuntamientos puedan reinvertir el superávit en servicios públicos”.