El Congreso aprueba la creación de una comisión de regeneración democrática y lucha contra la corrupción

15
mar
2016

El portavoz de Justicia y diputado gaditano, Juan Carlos Campo, defendió la iniciativa que ha contado con el respaldo de todos los grupos, a excepción del PNV que se ha abstenido

El Congreso ha aprobado en la tarde de hoy la creación de una Comisión permanente no legislativa para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales que proponían, por un lado PSOE, Compromís e IU y por otro, Podemos, y a la que se han sumado el resto de formaciones políticas, entre éstas el PP, tras articular una transaccional al texto conjunto finalmente aprobado.

La iniciativa, que ha contado pues con el respaldo de la mayoría de los grupos de la cámara baja, a excepción de la abstención del PNV, ha sido defendida por el diputado por la provincia de Cádiz y portavoz de Justicia, Juan Carlos Campo, quien ha instado al arco parlamentario a “recuperar la pasión por la democracia entre la ciudadanía y con ello, la credibilidad perdida ante la sociedad”. “Reformar nuestras leyes y nuestro funcionamiento para que la política recupere afectos y adhesiones. Cambiar el funcionamiento de nuestras instituciones para que sean abiertas, participativas y transparentes, y devolver así la confianza a los ciudadanos en la democracia”, ha afirmado.

Desde la tribuna del hemiciclo, Juan Carlos Campo se ha congratulado “por este principio de acuerdo en tiempos de zozobra” agradeciendo el apoyo expresado por todos los grupos políticos, al tiempo que ha subrayado que “el consenso no es un fin, pero es un magnífico método de trabajo”.

El magistrado gaditano considera que la comisión es el comienzo de un cambio de rumbo necesario. “Estamos obligados a liderar esa demanda de cambio, creérnosla y buscar consensos, pues solamente así, la política recuperará el terreno perdido y nuestro sistema político recuperará su fortaleza”, ha abundado para, a continuación, asegurar que “la comisión pretende ser mucho más que un juicio paralelo o anticipado de los que acaecen en nuestros tribunales de Justicia”.

“No se trata de estudiar aquellos casos de corrupción más alarmantes, sino de determinar las fallas o quiebras del sistema que la han permitido. No se trata de convertir al Congreso en un plató de televisión o en un pseudo tribunal de Justicia”, ha advertido y en este punto, ha reivindicado de manera muy oportuna y actual la fuerza del poder legislativo. “Se trata de que el Congreso sea el lugar desde donde puedan pilotarse las reformas del sistema parlamentario, el sistema electoral, la participación y el gobierno abierto, la lucha contra la corrupción, los propios estatutos que deben de regir el ejercicio de la política, los partidos políticos su transparencia y funcionamiento y una administración pública en general transparente y eficiente, en suma, todo lo que pueda ser fortalecer la democracia”, ha precisado.

Así, la comisión tendrá entre sus atribuciones, según ha explicado Campo, analizar, acordar y proponer las medidas y modificaciones legislativas necesarias para fortalecer las instituciones democráticas, mejorar la representación política, la democracia interna de los partidos políticos, la participación ciudadana, regular de manera exhaustiva los conceptos de intereses de los cargos públicos y electos, combatir y prevenir más eficazmente la corrupción y reforzar la imparcialidad y la independencia de los órganos constitucionales y organismos reguladores.

Desde su perspectiva como jurista, se ha mostrado convencido de que “sistema institucional y ciudadanía son dos nociones indisolubles, es más, son dos principios que se refuerzan mutuamente, interaccionan: un sistema eficaz equivale a una ciudadanía convertida en el centro de la actividad política, económica y social; y una ciudadanía fuerte genera, necesariamente, un sistema cada vez más eficiente”.

En la propuesta socialista, se aboga por la creación de una auditoría pero, como ha detallado Campo, “ésta no debe, ni puede, circunscribirse al diagnóstico, sino que es preciso una investigación y análisis para lograr el objetivo final de luchar y eliminar la corrupción y todo aquello que suponga un obstáculo, un muro, entre el ciudadano y sus instituciones”. Para conseguir tal objetivo, ha reiterado, “no hay otros mecanismos que el de hacer propuestas de reformas institucionales y legales”.

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